La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México sancionó este lunes a cuatro empresas por proporcionar información falsa para obtener o celebrar contratos públicos relacionados con obras hidráulicas y servicios de software, en una medida que refuerza la transparencia en las adquisiciones gubernamentales.

Las empresas sancionadas son Constructora Rusva, B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, Eyasa y Mustache Software, según informó la dependencia en un comunicado oficial. Las sanciones incluyen multas económicas, inhabilitaciones temporales para contratar con el Gobierno federal y su inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, publicado este 30 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

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Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes fueron multadas con 977.130 pesos (unos 56.500 dólares) cada una e inhabilitadas por un año y seis meses, al falsear información en contratos adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). Los contratos en cuestión —CAEM-DGIG-PROAGUA-038-24-CS y CAEM-DGIG-PROAGUA-043-24-CS— correspondían a la rehabilitación del sistema de agua potable en Boshi Chiquito (Acambay de Ruíz Castañeda) y a la perforación de un pozo profundo en Santiago Teyahualco (Tultepec), respectivamente.

Por su parte, Eyasa recibió una multa de 814.275 pesos (unos 47.100 dólares) y una inhabilitación de un año y tres meses por entregar información falsa en el contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-068-24-AD, destinado a elaborar un diagnóstico sobre la factibilidad técnica, económica y social para sistemas de captación de agua de lluvia y tecnologías de tratamiento en zonas rurales.

Finalmente, Mustache Software fue sancionada por el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional tras presentar información falsa en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-06-HJY-006HJY001-N53-2023, relacionada con el “Servicio de desarrollo y procesamiento de sistemas en la modalidad de fábrica de software”. La empresa fue multada con 155.610 pesos (unos 9.000 dólares) e inhabilitada por tres meses.

“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”, afirmó la dependencia.

La inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados bloquea automáticamente la participación de estas empresas en nuevos procesos de contratación pública, reforzando los mecanismos de rendición de cuentas en el sector hidráulico y tecnológico del Estado mexicano.

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